🕒 Última actualización:
junio 17, 2026
Un nuevo debate sobre contratación pública sacudió al Concejo de Ibagué luego de que el concejal Jorge Bolívar (Partido Conservador) denunciara presuntas irregularidades en contratos adjudicados por la alcaldía a la empresa Servicios Empresariales SYK SAS, la cual, según dijo, supuestamente estaría vinculada a la familia del concejal César Franco (Cambio Radical). Bolívar pidió a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría 'investigar' posibles 'anomalías' en la contratación. Durante una sesión de control político citada a la Dirección de Contratación, la Secretaría de Gobierno y el Centro de Atención y Protección Animal (Capa), el concejal mencionó que la compañía se habria convertido en una de las principales contratistas de la actual administración local. Según las cifras presentadas, entre 2024 y 2026 la empresa habría acumulado contratación por más de $17.500 millones con la alcaldía y entidades descentralizadas. El concejal sostuvo que, de ese total, más de $14.300 millones corresponderían a contratos llevados a cabo directamente con la alcaldía, mientras que el resto provendría de convenios con entidades como el IBAL, la Unidad de Salud de Ibagué (USI) y el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp). Por ello, exigió que cualquier investigación abarque también a estas entidades. El caso Capa es el que derivó en una imputación de cargos contra la alcaldesa Johana Aranda y otros funcionarios (para mayor contexto, consultar en el blog).
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con el Contrato 1845 para el suministro de kits de aseo destinados a personas privadas de la libertad. Según el análisis expuesto por Bolívar, cada kit tendría un valor de mercado cercano a los $25.240, pero la empresa habría facturado aproximadamente $49.860 por los kits para hombres y $58.600 por los de mujeres. El cabildante señaló que estos valores podrían representar sobrecostos superiores al 50% y una posible afectación de recursos públicos. Bolívar también cuestionó contratos de aseo que, según sus cálculos, superarían los $11.000 millones y advirtió sobre la existencia de un nuevo proceso contractual cercano a los $2.900 millones que estaría proyectado para el próximo año. Además, habló de una presunta concentración de múltiples contratos en una misma empresa. Entre los servicios ejecutados por la compañía se encontrarían el suministro de alimentos para animales del Capa, kits de aseo para centros penitenciarios, servicios de aseo y cafetería, mantenimiento y pintura de instalaciones públicas, entre otras actividades. El concejal pidió 'verificar' si la firma contaba con 'la capacidad técnica y operativa necesaria' para atender objetos contractuales tan diversos.
Otro de los puntos centrales del debate habría sido la presunta inconsistencia entre el personal exigido en algunos contratos y el número de trabajadores reportados en las planillas de seguridad social. Bolívar presentó registros del sistema Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) que, según afirmó, evidenciarían diferencias entre las obligaciones contractuales y los aportes efectivamente realizados. Como ejemplo, mencionó el Contrato 2427, que requería la vinculación de cerca de 120 personas, aunque los documentos presentados indicarían que en algunos meses se reportó un número considerablemente menor. Situaciones similares, aseguró, se habrían registrado en el Contrato 905, lo que generaría interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y la correcta ejecución contractual. "Esperamos que la Fiscalía pueda establecer si estamos equivocados o si realmente estamos frente a uno de los mayores casos de presunta corrupción que ha conocido la ciudad", dijo Bolívar. Al momento del reporte, la Alcaldía de Ibagué y la empresa señalada no se habían pronunciado públicamente sobre las acusaciones, que por ahora constituirían denuncias que deberían ser verificadas por autoridades. Este reporte está en desarrollo.
A propósito de contratos con la alcaldía, horas después se reportó que el concejal Andrés Zambrano (Alianza Verde) denunció un presunto sobrecosto en un contrato de alimentación adjudicado por la alcaldía para actividades del 52° Festival Folclórico Colombiano. Durante el debate en el Concejo, aseguró que la administración local supuestamente contrató almuerzos y cenas a un valor que superaría 'de manera amplia' los precios habituales del mercado. Según explicó, el contrato contemplaría la entrega de 4.137 servicios de alimentación por cerca de $172 millones, lo que representaría un costo aproximado de $41.600 por cada ración. “De los creadores de los tamales a $21.000 llegaron los corrientazos a $41.600”, dijo el cabildante al cuestionar el valor contratado. Zambrano señaló que los menús incluirían proteína, ensalada, cereal, acompañamiento y bebida, características que, a su juicio, corresponderian a un almuerzo corriente cuyo precio oscila entre $14.000 y $20.000. Por ello, solicitó a la alcaldía 'explicar' los criterios técnicos y financieros utilizados para justificar el contrato. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima • El Olfato
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
