🕒 Última actualización:
junio 18, 2026
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha producido en sus ocho años de funcionamiento algunos de los hallazgos judiciales más relevantes sobre el conflicto armado en Colombia, redefiniendo la magnitud de fenómenos como los falsos positivos, los secuestros y la desaparición forzada. Sus investigaciones habrían llevado a reconstruir patrones de violencia que durante décadas habrían permanecido fragmentados o subregistrados. Uno de los casos más significativos ha sido el de los llamados “falsos positivos”. La JEP estableció inicialmente que al menos 6.402 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2008 y presentadas como bajas en combate. Sin embargo, tras ampliar sus bases de datos y el periodo de análisis entre 1990 y 2016, la cifra habría ascendido a 7.837 víctimas identificadas con nombre propio. No obstante, la jurisdicción reveló que investigaría alrededor de 21.000 registros adicionales de posibles víctimas no identificadas de este mismo patrón de violencia. Estos registros no equivaldrían necesariamente a 21.000 personas distintas, pues podrían incluir duplicados o información incompleta, pero sí reflejarían la existencia de un subregistro mucho mayor que podría incluso triplicar el universo actual de casos. La investigación de los falsos positivos hace parte de un conjunto más amplio de hallazgos.
La JEP también habría documentado más de 21.000 secuestros cometidos por las antiguas Farc, ampliando la comprensión de esta práctica más allá de la financiación ilegal, para incluir control territorial y social. Asimismo, estableció que al menos 18.677 niños y niñas habrían sido reclutados por esa guerrilla, evidenciando la dimensión del reclutamiento infantil en el conflicto. Otro de los aportes clave ha sido el trabajo en materia de desaparición forzada. Gracias a medidas cautelares y a la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), se han recuperado o exhumado más de 2.000 cuerpos, identificado cientos de víctimas y realizado entregas dignas a sus familias, incluyendo hallazgos emblemáticos como los de La Escombrera en Medellín (Antioquia) y el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). En conjunto, estos resultados habrían contribuido a redefinir la memoria judicial del conflicto colombiano. La JEP ha establecido cifras más precisas sobre distintos crímenes, pero también ha avanzado en la identificación de responsables, la reconstrucción de patrones regionales de violencia y el reconocimiento del papel de las víctimas, consolidando un marco de verdad judicial que sigue en desarrollo.
A propósito, una visita reciente de Beatriz Miranda Galarza, relatora especial de la ONU para la eliminación de la discriminación contra personas afectadas por la lepra, habría puesto en evidencia una grave crisis de derechos humanos en Colombia. Durante su recorrido, habría revelado que entre las víctimas de los llamados “falsos positivos” se habrían identificado personas con lepra, quienes habrían sido 'perfiladas y asesinadas' aprovechando su condición de vulnerabilidad para inflar resultados operacionales en el conflicto armado. La funcionaria también advirtió que la lepra seguiría siendo una realidad vigente en el país, con entre 280 y 300 nuevos casos reportados cada año. Además, que persistiría una 'deuda histórica' con esta población, marcada por 'décadas de estigmatización, exclusión y vulneración de derechos'. Como ejemplo, recordó lo ocurrido en Agua de Dios (Cundinamarca), donde las personas afectadas habrían sido sometidas a medidas como 'pérdida de su identidad legal, separación forzada de familias' y otras prácticas. Miranda Galarza subrayó que el desconocimiento y el estigma continuarían siendo las principales barreras para un 'diagnóstico oportuno, acceso a la salud, educación e inclusión social'. Ante estos hallazgos, la ONU instó al Gobierno Nacional y a las autoridades judiciales a incorporar estos casos en las investigaciones sobre la verdad del conflicto, con el fin de 'visibilizar' a las víctimas, esclarecer los hechos y avanzar en procesos de reparación. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • El Espectador • Noticias Uno
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