🕒 Última actualización:
junio 14, 2026
El Presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, al considerar que la intervención estatal iniciada en septiembre de 2024 no habría resuelto la crisis financiera y operativa de la compañía. La decisión abre una nueva discusión sobre el futuro del servicio eléctrico en la Costa Caribe y el papel que tendrían las empresas públicas en la prestación del servicio. A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que los activos de Air-e serían integrados con otra empresa pública de la región Caribe para conformar una nueva estructura que lleve 'a fortalecer' la operación del sistema eléctrico. Petro sostuvo que los problemas de la compañía aparentemente se originaron por 'años de falta de inversión en infraestructura' y que la reorganización pretendería garantizar un servicio 'más sostenible' para millones de usuarios. Air-e había sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024 con el propósito de 'estabilizar sus finanzas, corregir fallas administrativas y asegurar la continuidad del servicio'. Sin embargo, casi dos años después, el Gobierno Nacional concluyó que la medida no habría revertido la situación de fondo.
En semanas recientes, la Contraloría y la Procuraduría habían advertido sobre un deterioro patrimonial de la empresa y solicitado 'medidas urgentes' para garantizar la prestación del servicio en la región. La decisión habría generado preocupación inmediata entre agentes del sector energético. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que cualquier proceso de liquidación debería 'resolver previamente' las obligaciones pendientes con generadores y acreedores para evitar 'nuevos impactos' sobre el mercado eléctrico y la estabilidad del sistema. Entre los críticos de la medida se encontrarían el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, quien calificó la intervención estatal como 'un fracaso'. Acosta recordó que Air-e habría tenido deudas cercanas a los $560.000 millones cuando fue intervenida y que posteriormente habría acumulado nuevas obligaciones por alrededor de $2,5 billones de pesos, lo que podría profundizar el llamado “apagón financiero” del sector. A las críticas también se sumó la Veeduría Ciudadana integrada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, así como la Andi Atlántico-Magdalena.
La organización calificó el anuncio presidencial como 'irresponsable, imprudente y sin sustento jurídico', argumentando que una liquidación sin operador de reemplazo, sin un plan de pago a los acreedores y sin garantías de continuidad del servicio podría ir en contra de disposiciones constitucionales y legales. Según la Veeduría, existirían alternativas como 'administración temporal, capitalización' o una 'transferencia condicionada de la operación' que permitirían 'asegurar' la prestación del servicio 'sin recurrir a una liquidación inmediata'. Además, que una eventual transferencia de la operación a Gecelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe SA ESP) presuntamente podría 'agravar' la situación financiera, ya que los acreedores tendrían mecanismos para controvertir cualquier operación que afecte el pago de sus créditos, generando posibles 'litigios y retrasos'.
Los gremios también señalaron que la liquidación enviaría una 'señal negativa' a los inversionistas y agentes del mercado energético, especialmente porque Air-e aún mantendría la deuda cercana a los $2,5 billones con generadores y transmisores. Asimismo, que el gobierno debería 'garantizar la continuidad' del servicio para cerca de 1,3 millones de usuarios, por lo que el eventual operador debería 'demostrar experiencia, capacidad técnica, solidez financiera e infraestructura suficiente' para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país. En medio de la controversia, Petro destacó el avance del programa Colombia Solar, que ya habría comenzado a implementarse en Barranquilla y contaría con $8 billones aprobados para expandirse por toda la Costa Caribe. La iniciativa buscaría 'impulsar la autogeneración de energía en los hogares, reducir pérdidas por conexiones irregulares y disminuir la dependencia' del sistema tradicional de distribución, mientras el Gobierno Nacional, los organismos de control y los gremios mantienen abierto el debate sobre el futuro energético de la región Caribe. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio
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