🕒 Última actualización:
junio 17, 2026
En medio del ambiente electoral de 2026, varios gobernadores del país han denunciado supuestas 'presiones, amenazas y señalamientos' relacionados con la influencia de grupos políticos y armados sobre el voto en distintas regiones. Las controversias se han intensificado a pocos días de los comicios, generando tensiones entre candidatos, mandatarios regionales y actores institucionales. Pero, por un lado, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló de la existencia de una supuesta red de compra de votos que, según él, pretendería favorecer a su contendiente Iván Cepeda. El aspirante afirmó incluso haber entregado 'pruebas' a 'autoridades de Estados Unidos' y mencionó a los gobernadores de Boyacá y Nariño en sus denuncias. Los mandatarios regionales negaron los señalamientos. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, defendió 'la dignidad' del departamento y solicitó 'respeto' ante lo que considera acusaciones que presuntamente 'estigmatizan' a su población. En la misma línea, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también respondió a las declaraciones, en medio de la creciente polarización política.
En paralelo, desde otra región del país, se reportaba que el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunciaba supuestas presiones de disidencias Farc bajo el mando de alias Calarcá 'para influir' en comunidades rurales durante el proceso electoral. Según su reporte, estas estructuras estarían 'convocando reuniones' con habitantes 'para orientar su voto y restringir su libertad de participación'. Ruiz aseguró además que en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico presuntamente se estarían 'imponiendo restricciones de movilidad, obligando a pobladores a demostrar su participación electoral mediante certificados y amenazando con sanciones o desplazamientos forzados' a quienes no sigan las instrucciones. También, que líderes comunitarios habrían sido citados en veredas. En contraste, en las últimas horas la periodista Laura Ardila denunció que contratistas de dependencias de la Alcaldía de Barranquilla (Atlántico) supuestamente estarían siendo presionados para conseguir 'entre 30 y 50 votos' a favor de Abelardo De la Espriella, 'mediante listados' con datos personales de posibles electores que luego serían verificados. Según la denuncia, esta práctica recuerda mecanismos de movilización electoral atribuidos anteriormente a la llamada Casa Char. Barranquilla es considerada una plaza clave para la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, las autoridades competentes no han anunciado medidas concretas frente a los señalamientos.
En paralelo, la campaña de De la Espriella dijo 'rechazar' un reporte de Revista Cambio en el que se señala un presunto contrato por $1.299 millones con una empresa considerada “fantasma” para servicios de logística electoral. El abogado Germán Calderón España, apoderado del grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, calificó la información como “ultrajante e infamante”, y dijo que presuntamente afecta 'el buen nombre' de la campaña y exigió una 'rectificación inmediata'. Y es que, de acuerdo con la investigación del periodista Mateo Muñoz, la campaña habría registrado un pago por ese valor exacto destinado a transporte y logística durante la contienda presidencial, lo que habría encendido alertas sobre la procedencia del proveedor. El informe señala que la empresa involucrada, Nova Soporte Integral SAS, habría estado liquidada durante tres años y habría sido reactivada 'de forma exprés' en febrero, poco antes de comenzar a recibir contratos asociados a la campaña. El reportaje añade que la compañía presuntamente estaría representada legalmente por un joven estudiante universitario 'en condición de vulnerabilidad' según registros del Sisbén, quien, tras ser contactado por el equipo periodístico, habría 'cerrado sus redes sociales y cortado comunicación'. A esto se suma la verificación de la dirección registrada, donde no se habría encontrado infraestructura logística, sino un local pequeño dedicado a la venta de papas y yucas congeladas, lo que, según el medio, alimentaría dudas sobre su capacidad operativa.
En paralelo se reportaba que Cepeda anunciaba la radicación de una denuncia penal por presuntos usos irregulares de recursos, solicitando una investigación formal sobre los hechos. En respuesta, el equipo jurídico de De la Espriella sostuvo que la empresa Nova Soporte Integral SAS sería una sociedad 'legalmente constituida' desde 2021, que cumpliría 'obligaciones mercantiles, tributarias' y operaría con 'transparencia en servicios como transporte mixto, catering, hospedaje, tiquetes aéreos y logística corporativa'. Además, que no habría recibido requerimientos formales del medio antes de la publicación y que todas sus actividades se habrían ejecutado bajo principios 'de legalidad y buena fe'. Finalmente, el abogado Calderón solicitó que se presenten pruebas concretas sobre los señalamientos, incluyendo evidencia de 'cualquier vínculo irregular' entre la campaña y la empresa, y que iniciará acciones judiciales si no se realiza la rectificación. También cuestionó el enfoque del medio, al que acusó de 'sesgo ideológico' y de intentar influir en el proceso electoral mediante información que considera falsa o manipulada. De la Espriella ha generado controversias por sus tensiones con los medios de comunicación y el debate sobre la libertad de prensa. Y es que, además de esto, Calderón acusó sin pruebas a los periodistas del medio citado de ser “éticamente responsables” de crímenes cometidos por grupos armados, incluido el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Espectador • Agencia API • Revista Cambio • El Cronista (Ibagué) • La Silla Vacía
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