La explotación ilegal de oro en el sur de Tolima habría alcanzado niveles considerados críticos, especialmente en Ataco, donde la actividad se habría expandido hacia Chaparral y Planadas mediante el uso de maquinaria pesada, socavones y piscinas para la extracción. Autoridades como la Policía de Tolima han confirmado financiaría 'de manera directa' a las disidencias Farc, particularmente a la estructura Ismael Ruiz, que instrumentalizaría a comunidades 'para proteger' el negocio. La situación se habría complejizado tras la muerte de cinco personas en un derrumbe en una mina de Ataco y el hallazgo reciente de un nuevo punto de explotación en Planadas, lo que habría llevado a que las autoridades admitieran que el fenómeno ya habría desbordado su capacidad operativa. Según reportes, uno de los complejos mineros ilegales ubicados en la quebrada Polecito producía más de 6.000 gramos de oro al mes, con ganancias superiores a los $2.300 millones presuntamente destinados a las disidencias. Cortolima advirtió un 'incremento alarmante' de actividades sin permiso en riberas y quebradas con 'zonas críticas' como las veredas Mesa de Pole, Pueblo Nuevo y Apone en Ataco; Hato Viejo en Chaparral; y los márgenes del río Atá en Planadas, donde la contaminación por mercurio y cianuro ya afectaría 'de manera grave' los cuerpos de agua.
En este contexto, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, indicó que el Gobierno Nacional aún no habría instalado un Puesto de Mando Unificado solicitado que pretendería coordinar 'acciones conjuntas' frente a la minería ilegal. Además, que los alcaldes no podrían enfrentar 'solos' una problemática que superaría la capacidad operativa, técnica y financiera de los territorios, y que incluso Ejército y Policía estarían sobrepasados. No obstante, Alfonso también indicó que la presencia del frente Ismael Ruiz dificultaría las intervenciones, pues en varios operativos la comunidad, supuestamente instrumentalizada por ese grupo armado, habría impedido decomisos y destrucción de maquinaria. La funcionaria mencionó además una posible existencia de filtraciones de información desde entidades del Estado, incluido Cortolima, que presuntamente estarían alertando sobre los operativos antes de que se realicen, aunque aseguró no tener claridad sobre el origen de estas filtraciones. La inseguridad, la presión de grupos armados y los bloqueos comunitarios habrían derivado en aglomeraciones de hasta 500 personas. Aun así, este año habrían sido intervenidas 80 minas ilegales, con 55 personas capturadas, el decomiso de retroexcavadoras, motores y volquetas, y la apertura de 31 procesos sancionatorios ambientales (de los cuales 25 ya contarían con decisión de fondo).
Frente a esto, el teniente coronel Alejandro Poveda, subcomandante de la Policía de Tolima, advirtió que ahora la línea de trabajo sería la 'destrucción inmediata' de la maquinaria encontrada 'en los puntos de explotación ilegal'. Las autoridades solicitaron nuevamente una 'instalación urgente' de un Puesto de Mando Unificado en Ataco con presencia de autoridades como Fiscalía, Ejército, Policía, Defensoría y los ministerios de Ambiente, Defensa y Minas. En paralelo, el gobierno departamental continuaba adelantando actividades de seguimiento y asesoría en minería legal 'para apoyar' a los alcaldes del sur del departamento. La directora de Gestión del Riesgo, Andrea Mayorquín, llamó a lo que realizan minería a acudir a canales legales y 'eviten poner en riesgo la vida y el ambiente'. En Ataco, solo cuatro proyectos mineros contarían con licencia. Recientemente, el personero de Ataco, Cristian Kumbe, cuestionó la efectividad de los controles de la Fuerza Pública ante un 'constante ingreso' de retroexcavadoras y maquinaria pesada, a pesar de que deberían pasar por un retén del Ejército a la entrada del municipio. Señaló que estos equipos entrarían 'incluso de madrugada' sin ser detenidos y pidió 'interceptarlos' antes de llegar al río Saldaña. Desde el Ejército, el coronel Diego Patiño defendió los operativos y la permanencia del retén 24/7, pero que su labor se limitaría a verificar documentos y que los mineros ilegales utilizarían nuevas modalidades, 'como camiones cubiertos', para evadir controles. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Tiempo • El Irreverente • Caracol Radio
