Estados Unidos anunció sanciones contra una red transnacional que estaría dedicada a reclutar exmilitares colombianos, incluidos menores de edad, para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la guerra civil de Sudán. Desde abril de 2023, este conflicto enfrentaría al ejército sudanés con las FAR y ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, configurándose como la “peor crisis humanitaria” del mundo, según la ONU. Las sanciones, impuestas a cuatro personas y cuatro entidades, señalan que esta red reclutaría exsoldados colombianos, pero que también entrenaría a combatientes, entre ellos niños, 'para reforzar' a las FAR. Entre los principales señalados estaría Álvaro Andrés Quijano, un militar retirado colombiano que reside en Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusado por Washington de supuestamente desempeñar un 'papel central' en el reclutamiento y despliegue de estos combatientes.
Asimismo, fue sancionada una agencia de empleo cofundada por Quijano y su esposa, Claudia Oliveros Forero, además de la corporación bogotana Maine Global y su director Mateo Duque Botero. Las medidas incluirían la prohibición de ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la restricción de recibir cualquier tipo de apoyo financiero o material. El Departamento del Tesoro de EEUU mencionó que la guerra civil en Sudán amenazaría con desestabilizar 'toda la región' y convertirse en un 'refugio seguro' para actores que representarían 'riesgos' para Estados Unidos. Además, que el Departamento de Estado ya habría denunciado en enero que miembros de las FAR habrían cometido 'actos de genocidio' en el marco del conflicto prolongado.
A pesar de esto, la operación de reclutamiento continuaría creciendo: según testimonios reportados por La Silla Vacía, el número de colombianos en territorio sudanés habría pasado de poco más de 300 a entre 1.500 y 2.000 este año. Los llamados “Lobos del Desierto”, 'engañados' con ofertas de trabajo en EAU, terminarían combatiendo para las FAR. Aunque muchos solicitarían regresar desde septiembre, no se les permitiría salir y estarían sometidos a 'controles estrictos, castigos, maltratos y pago en efectivo' para 'evitar rastros', mientras participarían en ofensivas como la retoma de Al Fasher y la toma de Babanusa. En paralelo, familiares reportan pérdida de contacto con varios mercenarios y temerían denunciar 'por represalias', mientras se reporta que las FAR reforzarían medidas para evitar filtraciones. A propósito de todo, Colombia avanzaría en acciones contra el mercenarismo: la Cámara de Representantes aprobó hace unos días en último debate la ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, uso y financiación de mercenarios, que pasó a sanción presidencial (para mayor contexto, consultar en el blog). El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • AP • La Silla Vacía
