🕒 Última actualización:
febrero 27, 2026
La crisis financiera y administrativa de la Nueva EPS continúa poniendo en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados en Colombia (la EPS con más afiliados en el país). Con un déficit fiscal que ubica a Colombia como el segundo país más desfinanciado del mundo, el Presidente Gustavo Petro pidió al Ministerio de Hacienda 'buscar nuevos préstamos' que serían 'para asumir' las deudas de la entidad, que presenta un patrimonio negativo de $6,25 billones y cuyos reclamos de usuarios se duplicaron en 2025. Desde la Plaza de Bolívar, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el Gobierno Nacional pretendería buscar los 'recursos necesarios' para 'sanear' la aseguradora y convertirla en 'completamente pública'. Según Jaramillo, la instrucción presidencial incluiría asumir 'la totalidad' de los pasivos de la Nueva EPS, comenzando por las deudas con hospitales públicos. Aunque el Estado ya tiene el 51% de las acciones (la EPS está intervenida), la intención sería 'ir más allá' de la participación accionaria y 'corregir' la situación financiera de una entidad que en los papeles estaría técnicamente quebrada. Y es que la deuda habría pasado de $5,42 billones en diciembre de 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025, un incremento del 198% en menos de dos años y medio, mientras que su patrimonio, positivo en $485.209 millones en 2022, se convirtió en un déficit de $6,25 billones. Las consecuencias de la crisis financiera ya se reflejarían en la atención a los afiliados. En 2025, las quejas ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107% con 14.603 registros, mientras que 95 instituciones prestadoras de salud impusieron embargos por más de $2 billones de pesos ante la falta de pago. Además, los costos de prestar los servicios superarían los ingresos, un deterioro que se habría agravado tras la intervención ordenada en abril de 2024, medida que habría debido estabilizar la entidad y que hasta ahora no ha dado los resultados esperados.
El gobierno argumenta que la estatización (hacerla pública...) no sería un gasto, sino una 'corrección estructural' para acabar con lo que Jaramillo denomina “el negocio de la salud”, en el que las EPS privadas priorizarían el pago a sus clínicas propias sobre los hospitales independientes. El plan incluye que la Adres garantice créditos a hospitales públicos y clínicas privadas 'mientras se normaliza' el flujo de pagos y se asegura 'la continuidad' de los servicios. Según Jaramillo, los recursos del sistema ya se estarían girando al día, pero los prestadores aún no recibirían los pagos ni llegarían los medicamentos. El gran interrogante es de dónde provendrían los recursos para asumir la deuda de $21 billones. Colombia cierra 2025 con un déficit fiscal del 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), solo superado por Egipto, y una deuda pública equivalente al 65% del PIB. Esto significa que por cada tres pesos que recauda el Estado, uno se destina al pago de intereses. Según reportó Revista Cambio, absorber los pasivos (las deudas...) de la Nueva EPS comprometería casi la mitad del presupuesto anual del Ministerio de Salud, que en 2025 fue de $64,94 billones de pesos, lo que evidenciaría la magnitud del desafío fiscal. Desde el sector farmacéutico, Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia) solicitó la convocatoria de una Mesa Técnica de Emergencia con el Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Adres, gremios hospitalarios y asociaciones de pacientes, para definir un 'plan de estabilización' También solicitaron 'flujos directos y trazables' hacia los prestadores y un plan de contingencia 'que garantice' la continuidad de tratamientos para los 11,7 millones de afiliados. Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, concluyó que se requerirían 'decisiones urgentes' que prioricen 'la vida y la salud'. Este reporte está en desarrollo.
Y a propósito de deudas de EPS, en otras noticias relacionadas, el presidente Petro anunció un proyecto de ley que pretendería eventualmente que los propietarios de las EPS 'asuman con su patrimonio' las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores del sistema de salud, evitando que estas obligaciones recaigan en el Estado. La iniciativa, que ha generado amplia controversia, pretendería 'establecer responsabilidades claras' y que los mecanismos judiciales 'cobren directamente' a los dueños de las EPS, tras insistir en deudas millonarias que afectaron la red hospitalaria pública y privada. Esta medida haría parte de la búsqueda de consolidación de una reforma estructural al sistema de salud promovida por el gobierno, orientada a 'garantizar el derecho a la atención, fortalecer la red pública hospitalaria y eliminar la intermediación financiera' que, como recalcó, habría convertido la salud 'en un negocio'. El anuncio se dio durante el Gran Encuentro Nacional de Salud ‘Defender la Salud es defender a Colombia’, con respaldo de trabajadores del sector, organizaciones sociales y ciudadanos. El proyecto de ley se radicaría en el Congreso para su discusión en el próximo periodo legislativo. Este reporte está en desarrollo.
Y en otra controversia más consolidada, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 con el objetivo de 'reorganizar' las EPS en Colombia. Según el MinSalud, la medida buscaría 'evitar la proliferación' de EPS 'pequeñas o débiles' en un mismo territorio, 'concentrar la afiliación en entidades con escala suficiente y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema', lo que, según se argumenta, garantizaría que las EPS puedan prestar servicios 'de manera adecuada' a la población. La norma establecería límites máximos de EPS por municipio y departamento y fijaría umbrales mínimos de participación de afiliados para que las entidades puedan seguir operando. Bajo estos criterios, se estima que más de 6,5 millones de afiliados podrían ser trasladados de EPS con baja participación a otras entidades más grandes, como la Nueva EPS, que recibiría la mayor parte de los nuevos usuarios. El decreto indica que la redistribución sería coordinada por la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Adres, y establece un plazo mínimo de permanencia antes de que los afiliados puedan cambiarse nuevamente si así lo desean. Aunque la norma ya está vigente, la ejecución dependería de actos administrativos posteriores para definir cuáles EPS pierden autorización y cuáles mantienen su operación. La medida ha generado críticas y advertencias de 'riesgo' por parte de gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que señalan 'preocupaciones' sobre la capacidad operativa de las EPS receptoras y cuestionan la vía del decreto para introducir cambios estructurales en el sistema de salud. Además, se ha dicho que podrían presentarse impugnaciones judiciales alegando que cambios tan significativos deberían realizarse 'mediante ley' (que pase por el Congreso) y no solo por decreto. Los reportes continúan en constante desarrollo.
Vía: Revista Cambio • La República • Infobae • El Tiempo • Rtvc
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