🕒 Última actualización:
mayo 21, 2026
Una investigación del Ministerio de Defensa y reportes de medios como Noticias Caracol y El Espectador alertan sobre un riesgo de que el Estado pierda al menos 700 hectáreas de predios militares ubicados en Melgar (Tolima) y Nilo (Cundinamarca), debido a presuntas 'ocupaciones ilegales' y un posible entramado de corrupción asociado a “tierreros”. Según el informe citado, los terrenos habrían sido objeto de 'ocupaciones, enajenaciones y explotación ilegal' de manera “sistemática, calculada y orquestada”, con presunta participación de intermediarios, funcionarios y exfuncionarios públicos, personal en retiro de las Fuerzas Militares y autoridades locales. El abogado del Ministerio de Defensa, Jorge Iván Reyes, consideró que una falta de una defensa jurídica sólida podría derivar en la 'pérdida definitiva' de estos bienes.
Actualmente existirían cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas que aseguran ser propietarias de predios del Estado, los cuales estarían siendo ofrecidos y vendidos 'de forma irregular', especialmente a campesinos y familias que en algunos casos desconocían el origen militar de los terrenos. En varios sectores del área de Tolemaida se han identificado lotes, fincas de recreo y construcciones asociadas a estas ocupaciones. De acuerdo con la investigación, de los 30 predios bajo custodia del Ejército en Tolemaida, la mayoría presentaría 'algún tipo de ocupación ilegal o disputa de propiedad'. Incluso se habrían documentado actividades de 'explotación agrícola, ganadera y minera' en terrenos que presuntamente pertenecerían a la Nación, así como posibles omisiones institucionales en su protección 'durante años'.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez señaló que el gobierno ya estaría actuando 'para frenar' el avance de estas ocupaciones y 'recuperar' los predios, mientras se adelantarían procesos de georreferenciación, vigilancia y acciones judiciales. Además, refirió que la corrupción no podría normalizarse y que el Estado pretendería 'reforzar el control' sobre sus bienes estratégicos. El caso también habría generado alertas adicionales por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que propuso analizar el patrimonio de posibles servidores públicos involucrados. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre posibles responsables, incluyendo exfuncionarios y actores locales, en medio de advertencias de que una combinación de abandono institucional, ventas ilegales y ocupación irregular habría permitido la expansión del problema 'durante décadas'. El reporte está en desarrollo.
Vía: Agencia API • Noticias Caracol • El Espectador
Te informamos con la mayor confianza. Algunas noticias podrían ser actualizadas unas cuantas veces para ofrecerte lo más reciente. Si quieres algo más actualizado, visita nuestro Canal de WhatsApp o nuestra página En Vivo. (alert-success)
