🕒 Última actualización:
junio 09, 2026
Una controversia ha surgido en Ibagué en torno a la ejecución de varios proyectos de infraestructura que superarían los $72.000 millones, luego de que veedurías ciudadanas y sectores de opinión pública cuestionaran la dependencia encargada de su administración dentro de la Alcaldía de Ibagué. El debate se centraría en el avance de las obras, pero también en 'la idoneidad' de la Gerencia de Proyectos Estratégicos para manejar y supervisar recursos de esta magnitud. Lo reportó Ecos del Combeima. Según el reporte, las críticas habrían escalado tras observaciones de la veeduría Veemovil, que pondría en duda el rol que actualmente cumple dicha gerencia. Según el manual de funciones, esta dependencia habría sido creada 'para articular y coordinar' proyectos estratégicos del municipio, con un carácter 'principalmente asesor, sin estructura técnica ni personal especializado' para la ejecución de obras civiles.
No obstante, que la administración local aparentemente le habría delegado la ordenación del gasto y la supervisión de proyectos de infraestructura considerados importantes, entre ellos la intervención del barrio El Salado, con una inversión superior a los $35.000 millones, y la construcción de la calle 103, cercana a los $37.000 millones, sumando más de $72.000 millones. La veeduría Veemovil ha cuestionado además la naturaleza “estratégica” de estas obras. Su presidente, Rubén Darío Calderón, señaló que proyectos como pavimentación de vías presuntamente no deberían clasificarse como estratégicos y que la ingeniera Erika Palma, al frente de la entidad, estaría vinculada a la supervisión de obras como la calle 103, la vía al aeropuerto Perales y el corredor norte. Además, habló de 'dificultades' en el acceso a la información pública, mencionando que una solicitud radicada el 15 de mayo habría sido respondida 'casi al límite' del plazo legal, bajo el argumento de coordinación con otras dependencias y contratistas, y que en Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) se habrían registrado ajustes en los esquemas de supervisión, incluyendo funciones iniciales de Palma.
Desde algunos sectores se ha referido que este esquema podría implicar una posible extralimitación de funciones, ya que una dependencia de carácter asesor estaría asumiendo responsabilidades de ejecución y supervisión técnica. Esto, según expertos, podría generar 'implicaciones disciplinarias' para la funcionaria, pero también para la alcaldesa Johana Aranda, en caso de haberse delegado la ordenación del gasto a una oficina sin competencia técnica ni jurídica para ello. El caso ha alimentado interpretaciones políticas sobre por qué estos proyectos habrían sido retirados de la órbita de la Secretaría de Infraestructura, aunque no existiría al momento del reporte un pronunciamiento oficial que confirme estas versiones. Mientras, la discusión continuaría abierta entre veedurías, expertos y ciudadanía. El reporte está en desarrollo.
Vía: Ecos del Combeima
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