🕒 Última actualización:
junio 11, 2026
Esta semana, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación y llamó a juicio al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por el presunto delito de 'tráfico de influencias de servidor público'. La decisión se tomó antes del vencimiento de un plazo legal de 90 días posteriores a su imputación y corresponde al denominado caso del apartamento 901, uno de los procesos judiciales más sensibles que enfrenta el directivo. Según la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025 Roa habría utilizado 'de manera indebida' su posición como máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial Ecopetrol 'para favorecer' intereses particulares. La acusación sostiene que 'impartió instrucciones' al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG fuera adjudicado a la empresa GAXI ESP SAS, propiedad de Juan Guillermo Mancera.
De acuerdo con el ente acusador, esas instrucciones se habrían dado en varias reuniones, entre ellas un almuerzo realizado el 20 de agosto de 2024 en el restaurante Flora de Bogotá tras una sesión de junta directiva de Hocol. La Fiscalía también señala que posteriormente, entre septiembre y octubre de 2024, Roa supuestamente habría reiterado la orden a Rojas durante otro encuentro privado realizado en oficinas de Ecopetrol. La investigación sostiene que, a cambio de ese presunto favorecimiento, Mancera le vendió a Roa un apartamento en el norte de Bogotá por $1.800 millones, a pesar de que su valor comercial habría sido de $2.727 millones. Según la Fiscalía, la diferencia representaría un descuento cercano al 34%, considerado como un posible beneficio económico indebido para el presidente de Ecopetrol. El proceso se suma a otro expediente que enfrenta Roa por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En ese caso fue imputado por aparentemente exceder los topes de financiación electoral en cerca de 445.000 dólares mediante gastos asociados a -ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato'. Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente. Actualmente se encuentra fuera del cargo con una licencia no remunerada e incapacidad médica que se extendería hasta finales de julio.
Paralelamente, una investigación periodística basada en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) recibido por la Fiscalía en diciembre de 2024 habría revelado que durante 2022 por las cuentas bancarias de Roa habrían circulado $58.323 millones. Lo reportó Revista Cambio. Al comparar esa cifra con los gastos reportados por la campaña presidencial y la consulta interpartidista del Pacto Histórico, así como con los ingresos personales declarados ante la Dian, se habría identificado una diferencia de $7.034 millones cuyo origen y destino no habrían sido explicados públicamente. Aunque no existiría evidencia de que esos recursos tengan origen ilícito o correspondan necesariamente a dineros de campaña, hasta ahora no se conocerían decisiones concretas de la Fiscalía sobre esos hallazgos financieros, mientras avanzarían investigaciones por el apartamento 901 y por la presunta violación de los topes electorales. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Noticias Caracol
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